TÍTULO: UN TORTUOSO CAMINO .
Los centros de investigación han sufrido en los
presupuestos de los últimos años continuos recortes. El Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) ha perdido casi tres de cada diez
euros en subvenciones. Los investigadores españoles aseguran que se van
a perder años de trabajo si el Ejecutivo central y los gobiernos
autonómicos no apoyan el I+d+i. «El futuro económico está ahí»,
reclamaron hace unos días en manifestaciones por todo el país.
El caso del Centro de Investigación Príncipe Felipe
(CIPF) es un caso paradójico en la crisis que vive la ciencia en España.
Durante 2011, el complejo valenciano fue el ejemplo de cómo los
políticos se desentendían de ella. La Generalitat financió este centro,
que abrió las puertas en 2005, con el objetivo de convertirse en uno de
los centros de referencia. Se produjeron avances, sobre todo en trabajos
con células madre para tratar el párkinson o el alzhéimer.
Pero los costes se fueron disparando; las líneas de
trabajo y la dirección de Rubén Moreno se pusieron en cuestión y llegó
la crisis. La estructura del CIPF era demasiado grade -como ya se había
anticipado en su momento- y había que adelgazarla. La Generalitat rebajó
de 9 a 4,4 millones su presupuesto de 2011 y se despidió a 114
trabajadores. Se perdieron 14 líneas de investigación y financiación, ya
que algunos de estos proyectos venían acompañados de dinero privado.
El Príncipe Felipe estaba herido de muerte, hasta que
este año ha comenzado a brotar algún brote verde. Pequeño, pero
prometedor. Se han ido generando ingresos con el alquiler (bastante
barato) de ciertas partes del complejo y el nuevo programa estratégico
'El valor de la ciencia' comienza a funcionar. El CIPF no será tan
ambicioso como se pretendía, pero ahora tiene un camino claro. Cerrará
2012 con beneficios y se ha contratado a 65 personas, 28 de ellas
provenientes del anterior ERE. «El CIPF será más sostenible, eficiente y
productivo», aseguró Joaquín Dopazo, su director científico.
El doctor Rafael Matesanz ha preferido pecar de precavido
que verse atropellado por la crisis. El director y fundador de la
Organización Nacional de Trasplantes (ONT) quiere hacer unos pequeños
cambios en las unidades especializadas que existen en España para
adecuarlas a los nuevos tiempos. El mecanismo es optimizar al máximo los
trasplantes y sus condiciones. En este sentido, el doctor Matesanz puso
sus ojos en las unidades coronarias. En España hay repartidos 20
centros de estas características que, sin embargo, carecen de demanda.
Según la ONT, hay una lista de espera de unas 80 personas. Esto
significa una ratio muy baja para que el baremo coste-eficiencia sea
adecuado.
En los próximos meses se hará una evaluación para reducir
el número de centros y, de esta manera, redistribuir las funciones.
Aseguran desde la ONT que no se perderá el liderazgo mundial. Además,
2012 se cerrará con un ligero descenso pero con el récord mundial de
haber conseguido 36 operaciones en una jornada. Fue el 26 de junio y se
realizaron 22 trasplantes de riñón, 11 de hígado y 3 de pulmón.
Las cuentas no cuadraban en el CSIC. Desde hace años se
llevan recortando las partidas estatales. Se han perdido unos 500
millones desde 2009, pero se tiraba de remanentes para seguir
sobreviviendo. Ahora la caja se ha quedado vacía y hay que seguir
sobreviviendo. Con una deuda de 147 millones, el presidente de la
institución, Emilio Lora-Tamayo, presentó un informe al Consejo Rector
de la entidad para intentar ahorrar unos 50 millones anuales.
El plan abarca todo tipo de actividades: ninguna
contratación de nuevos becarios, revisión de los profesionales que
quieran volver al CSIC y, si lo hacen, tendrá que ser con un
patrocinador que aporte dinero; alquiler de espacios, bajar los gastos
corrientes y adelgazamiento de las líneas de investigación para quedarse
con las primordiales. El CSIC cuenta con casi 13.000 trabajadores y 126
centros de investigación repartidos por toda España.
Al igual que el CSIC, el Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas se ha visto en la tesitura de tener que
buscar en serio la financiación privada. El patronato de este centro
aprobó un plan para ahorrar al año 3,3 millones hasta 2016 en
aprovisionamiento, personal (contención en las nuevas contrataciones) y
otros gastos de la actividad. Al mismo tiempo se contempla un incremento
en los ingresos gracias a los patrocinios y a una mayor actividad del
programa clínico. «Con estas medidas se pretende conseguir que el
déficit reflejado en las cuentas de los últimos años (que alcanzó un
máximo de 3,1 millones en 2008 y que se prevé que sea de 1,1 millones en
2012) cambie de signo a partir de 2013 y que en 2016 las cuentas del
CNIO reflejen un saldo positivo de algo más de 2 millones», apuntaron
desde la Secretaria de Estado de I+D+i.
Además, el actual equipo dirigido por María Blasco cree
que el mal momento económico del CNIO se debe a un crédito de 40
millones pedido por los anteriores gestores, encabezados por Mariano
Barbacid, para diferentes programas como las terapias experimentales que
se van a poder pagar gracias a los recortes en otras áreas.
El público en general desconocerá que el segundo
laboratorio subterráneo más grande de Europa está en Canfranc (Huesca), a
más de 800 metros de profundidad. Allí se investiga sobre la materia
oscura, aquella que no emite suficiente radiación electromagnética para
ser detectada con la tecnología actual, y que, en teoría, ocupa el 23%
del universo. Este centro, un consorcio entre el Ejecutivo central, el
Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, ha sufrido dos recortes
de un 40% en las partidas de 2012 y 2013 procedentes de Madrid. El
Consejo de Ministros de viernes 21 de diciembre decidió dejar la
aportación estatal en 2,1 millones, lo que ralentizará los programas
aunque no se anulan líneas de investigaciones. En este centro trabajan
12 personas.
Por otra parte, el Gobierno también ha retrasado la
entrada en funcionamiento de la plataforma oceánica de Canarias. Ahora,
prevé su inauguración en 2014, un año más tarde de lo previsto porque el
Estado ha decidido dar el mismo dinero en más años, mientras que el
Gobierno de Canarias mantiene la financiación establecida.
Otro convenio que se modificó en ese Consejo de Ministros
fue el del Ministerio de Educación con la Junta de Castilla y León.
Ambas administraciones reducen su presupuesto para el Centro de Láseres
pulsados ultracortos ultraintensos de la Universidad de Salamanca. La
aportación de Educación será un 1,7% menor y se situará en 350.000 euros
para el año 2012. También pierde dinero el Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución Humana. En este caso, el Ministerio de
Economía y Competitividad dejará de pagar 679.987 euros entre 2012 y
2016, año que concluye el convenio con la Junta de Castilla y León para
este centro que está en Burgos.
TÍTULO: EL ERE DE PARADORES INCLUYE CERRAR LOS RESTAURANTES DE TRUJILLO Y ZAFRA,.
Los sindicatos pedirán hoy que se evite en una última reunión en la que sabrán si se mantienen los 45 despidos previstos en la región,.
El expediente de regulación de empleo (ERE) previsto por la red nacional de paradores incluye el cierre definitivo de los restaurantes de Trujillo y Zafra, una previsión que los sindicatos pedirán hoy que se evite. Sus representantes lo harán en el transcurso de la última reunión que a partir de las nueve de esta mañana mantendrán con los responsables de estos establecimientos de carácter público para los que se prevén despidos y cierres.
«En lugar del restaurante funcionaría una cafetería con
un servicio básico y creemos que es un paso que no se tiene que llegar a
dar», explicó ayer Carmen Omenat, del comité intercentros que está
presente en esta larga negociación que comenzó a principios del pasado
mes de diciembre.
El encuentro de hoy es el último, el definitivo para
intentar acercar posturas y se prevé que sea tan extenso como tenso; de
hecho, los representantes de los trabajadores acuden con la intención de
agotar al máximo el plazo de negociación, que vence a las doce de esta
noche.
A esa hora será cuando sepan si se mantiene el despido
previsto de 45 de los 277 trabajadores que Paradores tiene en
Extremadura y si los edificios de Guadalupe y Zafra cerrarán sus puertas
un mes y medio al año durante las vacaciones de sus empleados, en lugar
de los cinco meses en temporada de menos actividad que en principio
estaban previstos.
Lo cierto es que las condiciones del expediente regulador
se han suavizado desde que se anunciase la cifra inicial de 644
despidos en todo el país que planteó el Estado y que finalmente se ha
visto rebajada a 350, además de que se ha fijado una reducción mínima de
salario. A pesar de ello los afectados mantienen que la regulación
supondrá un duro golpe para la región, tanto por el desempleo que va a
provocar como por el efecto que supondrá para las economías locales
sobre todo en Guadalupe y Zafra durante el tiempo que cerrarán y también
en Trujillo, que podría quedarse sin servicio de restauración.
«Las condiciones han mejorado pero el ERE nos sigue pareciendo una muerte anunciada», apuntó Omenat.
La sombra de la privatización
La comunidad autónoma está especialmente afectada por el
expediente, ya que son siete los paradores que hay entre las provincias
de Cáceres y Badajoz, ubicados en localidades en las que el turismo y el
sector servicios son un instrumento fundamental de desarrollo. Se trata
de Zafra, Guadalupe, Trujillo, Mérida, Plasencia, Cáceres y Jarandilla
de La Vera, que en mayor o menor medida se van a ver afectadas por la
reducción de plantilla o la conversión de trabajadores fijos en fijos
discontinuos. Las bajas iniciales iban desde los 15 y 13 puestos de los
que se pretende prescindir en los paradores segedano y trujillano hasta
los cinco del emeritense, los tres del cacereño, jarandillano y
placentino o los dos de Guadalupe. En este último y en el de Zafra el
personal que siga en sus puestos pasará de fijo a ser fijo discontinuo
por lo que trabajarán solamente los meses en los que abran las
instalaciones. Detallar las condiciones de esa disponibilidad es una de
las cuestiones en las que insistirán hoy los sindicatos.
El expediente de la empresa pública ha revolucionado la
región en este último mes y ha movido incluso a los políticos a
declararse en contra de la medida. Es lo que hicieron de forma unánime
el pasado día 27 los grupos del PP, PSOE e IU en la Asamblea de
Extremadura, aprobando por unanimidad pedir al Estado, como dueño de los
paradores que es, que suavice en todo lo posible las condiciones del
ERE y que los siga manteniendo como establecimientos públicos.
La privatización es de hecho la principal sospecha que se
tiene como segundo paso que se podría dar en esta operación, tal y como
indicó la representante extremeña al señalar que temen «que esto sea
una primera limpia a la que seguirá una segunda a partir de la entrada
de capital privado en la gestión, con lo que se perdería el espíritu que
inspiró y da sentido a la red». Si eso llega a ocurrir, desde el PSOE
extremeño se pedirá al Gobierno de la Junta que se incluyan en la Red de
Hospederías de Extremadura para que puedan seguir teniendo una gestión
pública.
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