TÍTULO: EL PP SOLO ACEPTA SIETE DE LAS 3.771 ENMIENDAS A LOS PRESUPUESTOS.Los Presupuestos Generales del Estado para 2013, que contemplan un recorte de casi 40.000 millones de euros con respecto al ejercicio ...
El PP sólo acepta siete de las 3.771 enmiendas a los Presupuestos
Los Presupuestos Generales del Estado
para 2013, que contemplan un recorte de casi 40.000 millones de euros
con respecto al ejercicio anterior, salvaron ayer el trámite del
Congreso de los Diputados sin sobresalto,
Los Presupuestos Generales del Estado para 2013, que contemplan un recorte de casi 40.000 millones de euros con respecto al ejercicio anterior, salvaron este miércoles el trámite del Congreso de los Diputados sin sobresaltos, gracias a la mayoría absoluta del PP.
Los populares sólo admitieron siete, ninguna de calado, de las 3.771 enmiendas que presentaron los grupos de la oposición. Aceptaron tres a CiU, dos a Unión del Pueblo Navarro, una al PNV y otra de Foro Asturias y UPyD. El PSOE no logró sacar adelante ni una sola de sus propuestas. El Grupo Popular, en cambio, sí que admitió un centenar de sugerencias de sus propios diputados que han modificado algunos aspectos concretos del proyecto de Ley de los Presupuestos, pero sin alterar ni un ápice las grandes cifras macroeconómicas y la distribución la exigua partida destinada a inversiones.
El PP repitió la misma estrategia que puso en práctica el pasado junio con los Presupuestos de este año, los primeros del Gobierno de Mariano Rajoy, cuando sólo admitió tres de los 3.100 cambios que pusieron sobre la mesa el resto de grupos parlamentarios.
El Gobierno prevé que las cuentas públicas generales para el año próximo, los más austeros de la democracia, se aprobarán de manera definitiva entre el 18 y 20 de diciembre. Hasta entonces pasarán el trámite del Senado, en el que el partido gubernamental volverá a utilizar su mayoría absoluta para no admitir cambio alguno. De incorporarse alguna enmienda debería ser ratificada después por el Congreso.
El Ejecutivo ha preferido no buscar socios para la aprobación de los Presupuestos porque no quería modificar ni en un euro las cifras del proyecto. Su planteamiento de que estas cuentas son las que más convienen para salir de la crisis y además responden a los requerimientos de la Comisión Europea frustró cualquier posibilidad de entendimiento con otro grupo. Además el que parece su aliado natural, los nacionalistas catalanes, anda enzarzado en una escalada soberanista que ha motivado la ruptura de relaciones.
Todos los ministros han pasado esta semana por la tribuna del Congreso para explicar la previsión de gastos e ingresos de sus respectivos departamentos y todos siguieron el mismo guión y defendieron una tras otro «el carácter social» del Presupuesto pese a su austeridad y sostuvieron que es el único camino posible para salir de la crisis. La oposición, en especial el PSOE, reiteró que la previsión de ingresos y gastos parte de premisas «irreales», como los cálculos sobre los impuestos, y provocarán la destrucción «de cientos de miles de puestos de trabajo».
La discusión parlamentaria de hoy quedó un tanto coja ante la ausencia de los representantes de la Izquierda Plurual, Amaiur, Esquerra Republicana de Cataluña, BNG, Nueva Canarias y Compromis-Equo que no participaron en la sesión ni en las votaciones al secundar la huelga general.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz- Gallardón, uno de los oradores de hoy, defendió que pese a que contará con un 4,2% menos de recursos que el ejercicio anterior mantiene su compromiso de modernizar la justicia en España. La réplica del portavoz socialista de Justicia en el Congreso, Julio Villarubia, fue muy gráfica: «No hay ni para pipas ni para chuches». Además, incidió en criticar la ley de tasas porque establecerá «una justicia para ricos y otra, para pobres».
Blindado
Otro de los miembros del Ejecutivo que detalló los balances de su ministerio fue Luis de Guindos. El titular de Economía ponderó que la «austeridad» presupuestaria viene impuesta por un cuadro macroeconómico condicionado por la situación económica internacional y el deterioro sufrido por la economía española. No obstante, espetó que la previsión del Gobierno de una caída de 0,5% del PIB para 2013, más optimista que la de importantes organismos internacionales, está «respaldada por señales», que no identificó, que indican una «modificación estructural» de ciertos indicadores.
El debate, de todos modos, tuvo una sensación de burbuja por celebrarse en un día de huelga general y por el hecho de que la carrera de San Jerónimo amaneció blindada porque el colectivo 'Rodea el Congreso' había convocado una vigilia en las inmediaciones del palacio legislativo para mostrar su «indignación» por los Presupuestos. Además, la manifestación central de la huelga general también iba a transitar horas después por las inmediaciones de la cámara, que quedó huérfana de diputados sobre las tres de la tarde, tras la última votación de la jornada,.
Los populares sólo admitieron siete, ninguna de calado, de las 3.771 enmiendas que presentaron los grupos de la oposición. Aceptaron tres a CiU, dos a Unión del Pueblo Navarro, una al PNV y otra de Foro Asturias y UPyD. El PSOE no logró sacar adelante ni una sola de sus propuestas. El Grupo Popular, en cambio, sí que admitió un centenar de sugerencias de sus propios diputados que han modificado algunos aspectos concretos del proyecto de Ley de los Presupuestos, pero sin alterar ni un ápice las grandes cifras macroeconómicas y la distribución la exigua partida destinada a inversiones.
El PP repitió la misma estrategia que puso en práctica el pasado junio con los Presupuestos de este año, los primeros del Gobierno de Mariano Rajoy, cuando sólo admitió tres de los 3.100 cambios que pusieron sobre la mesa el resto de grupos parlamentarios.
El Gobierno prevé que las cuentas públicas generales para el año próximo, los más austeros de la democracia, se aprobarán de manera definitiva entre el 18 y 20 de diciembre. Hasta entonces pasarán el trámite del Senado, en el que el partido gubernamental volverá a utilizar su mayoría absoluta para no admitir cambio alguno. De incorporarse alguna enmienda debería ser ratificada después por el Congreso.
El Ejecutivo ha preferido no buscar socios para la aprobación de los Presupuestos porque no quería modificar ni en un euro las cifras del proyecto. Su planteamiento de que estas cuentas son las que más convienen para salir de la crisis y además responden a los requerimientos de la Comisión Europea frustró cualquier posibilidad de entendimiento con otro grupo. Además el que parece su aliado natural, los nacionalistas catalanes, anda enzarzado en una escalada soberanista que ha motivado la ruptura de relaciones.
Todos los ministros han pasado esta semana por la tribuna del Congreso para explicar la previsión de gastos e ingresos de sus respectivos departamentos y todos siguieron el mismo guión y defendieron una tras otro «el carácter social» del Presupuesto pese a su austeridad y sostuvieron que es el único camino posible para salir de la crisis. La oposición, en especial el PSOE, reiteró que la previsión de ingresos y gastos parte de premisas «irreales», como los cálculos sobre los impuestos, y provocarán la destrucción «de cientos de miles de puestos de trabajo».
La discusión parlamentaria de hoy quedó un tanto coja ante la ausencia de los representantes de la Izquierda Plurual, Amaiur, Esquerra Republicana de Cataluña, BNG, Nueva Canarias y Compromis-Equo que no participaron en la sesión ni en las votaciones al secundar la huelga general.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz- Gallardón, uno de los oradores de hoy, defendió que pese a que contará con un 4,2% menos de recursos que el ejercicio anterior mantiene su compromiso de modernizar la justicia en España. La réplica del portavoz socialista de Justicia en el Congreso, Julio Villarubia, fue muy gráfica: «No hay ni para pipas ni para chuches». Además, incidió en criticar la ley de tasas porque establecerá «una justicia para ricos y otra, para pobres».
Blindado
Otro de los miembros del Ejecutivo que detalló los balances de su ministerio fue Luis de Guindos. El titular de Economía ponderó que la «austeridad» presupuestaria viene impuesta por un cuadro macroeconómico condicionado por la situación económica internacional y el deterioro sufrido por la economía española. No obstante, espetó que la previsión del Gobierno de una caída de 0,5% del PIB para 2013, más optimista que la de importantes organismos internacionales, está «respaldada por señales», que no identificó, que indican una «modificación estructural» de ciertos indicadores.
El debate, de todos modos, tuvo una sensación de burbuja por celebrarse en un día de huelga general y por el hecho de que la carrera de San Jerónimo amaneció blindada porque el colectivo 'Rodea el Congreso' había convocado una vigilia en las inmediaciones del palacio legislativo para mostrar su «indignación» por los Presupuestos. Además, la manifestación central de la huelga general también iba a transitar horas después por las inmediaciones de la cámara, que quedó huérfana de diputados sobre las tres de la tarde, tras la última votación de la jornada,.
TÍTULO: GOBIERNOY PSOE ACERCAN POSTURAS PARA UN ACUERDO DE MÍNIMOS CONTRA LOS DESAHUCIOS:
Las delegaciones de Gobierno y PSOE aproximaron posturas sobre las medidas para frenar la ola de desahucios. El entendimiento servirá ...
Pactan el contenido del decreto-ley y dejan para la tramitación parlamentaria las reformas legales que plantean los socialistas,.
Las delegaciones de Gobierno y PSOE aproximaron posturas
sobre las medidas para frenar la ola de desahucios. El entendimiento
servirá para que el decreto-ley que aprobará hoy el Consejo de Ministros
lleve el visto bueno de ambas partes, pero el pacto no fue posible
sobre las reformas legales que modificarán el sistema hipotecario,
aspecto que quedó para la tramitación en el Congreso como proyecto de
ley del decreto que aprobará el Gobierno y de la proposición de ley que
presentaron los socialistas el 25 de octubre pasado.
«Estamos al borde», comentaron tanto desde el Ejecutivo
como desde el PSOE. Pero los negociadores seguían reunidos en la Moncloa
a primera hora de la noche de ayer sin fumata blanca. El Gobierno tiene
la convicción de que los socialistas querían evitar el anuncio del
acuerdo en una jornada de huelga general contra la política económica
gubernamental. La escenificación quedará para este jueves en el Consejo
de Ministros, comentó una fuente conocedora de la marcha de las
conversaciones.
El entendimiento, de todos modos, se limitará a los
aspectos del decreto-ley sobre las cuestiones más urgentes, no a las
reformas de la ley hipotecaria o la concursal. En las negociaciones del
lunes y martes se produjeron avances para reafirmar la moratoria de los
desahucios en los dos próximos años para las familias en condiciones más
desfavorables; es decir, para los deudores de edad avanzada en
situación económica precaria, discapacitados acogidos a la ley de
dependencia y personas sin ingresos con hijos a cargo.
En la reunión de ayer, los expertos gubernamentales y
socialistas se centraron en determinar el umbral de renta para ser
reconocido como deudores que podrían beneficiarse de la moratoria. La
propuesta inicial del Gobierno era que el núcleo familiar tuviera
ingresos de hasta dos veces y media el Indicador de Precios de Efectos
Múltiple (Iprem), que está fijado en 532,5 euros al mes, lo que supone
una renta mensual que bordea los 1.600 euros.
El PSOE, sin embargo, planteó que no puede ser una
cantidad fija y se debe tomar en cuenta la situación de cada familia
morosa, como los hijos a cargo o personas mayores dependientes. En
función de estas circunstancias, los socialistas defendieron un umbral
de renta más alto para acogerse a la moratoria. Algunas fuentes
apuntaron que se podía alcanzar los 36.000 euros en los casos de
familias numerosas. Portavoces de la dirección del partido opositor no
confirmaron, sin embargo, este extremo. El Gobierno apuntó que si la
renta media de las familias españolas es de 22.800 euros es difícil
aceptar que deudores con ingresos por encima de los 35.000 euros puedan
beneficiarse del aplazamiento de los desalojos. Con ese criterio,
apuntaron desde la Moncloa, serían miles los hipotecados que podrían
acogerse a la prórroga.
Marco regulador
Este tira y afloja centró el último tramo de las
negociaciones una vez que ambas partes acordaron dejar para el trámite
parlamentario el grueso de la propuesta socialista, la reforma del
sistema hipotecario, una modificación del marco regulador que implica
introducir cambios en hasta cinco leyes. Este apartado se abordará en la
tramitación urgente del decreto del Consejo de Ministros como proyecto
de ley, una medida que sirve para que el Congreso enmiende el texto del
Gobierno. Si tampoco hay acuerdo en esta segunda oportunidad, habrá una
tercera: el debate en la cámara legislativa de la proposición de ley que
presentó el PSOE el 25 de octubre pasado y que será tomada en
consideración por el Congreso en las próximas semanas.
Mariano Rajoy mostró en una entrevista publicada ayer en
cinco diarios latinoamericanos su disposición a abordar la reforma de la
ley hipotecaria, un terreno que despierta muchas suspicacias en el
Banco Central Europeo por el riesgo de depreciación de las cédulas
hipotecarias de la banca española en el mercado financiero
internacional, y que también inquieta a la Comisión Europea porque
supone un cambio de las reglas del juego que han existido en el mercado
hipotecario en las últimas décadas.
Pero pese a esta voluntad del presidente del Gobierno, el
acuerdo en los temas de fondo no va a ser fácil. Un aperitivo del
previsible enfrentamiento se vivió ayer en el Senado durante el debate
de una moción socialista que incluía varias medidas, entre ellas varias
reformas legales, para frenar los desahucios.
El PP se opuso y propuso una enmienda en línea de lo que
defiende el Gobierno sobre la moratoria de dos años y el colectivo al
que debe afectar esta prórroga. Argumentó además que están en marcha
conversaciones entre delegaciones de las dos partes para sellar un
acuerdo en este terreno. Los socialistas rechazaron las razones
populares y el PP votó en contra de la moción del PSOE que salió
derrotada por amplio margen merced a la mayoría absoluta de los
populares en la cámara.
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