TÍTULO: SI ESTO MUY BARATO ES MUY BONITO ES POR QUÉ ALGO SUCIO HAY DETRAS.Encontró una máquina de coser en un contenedor y la licenciada en Bellas Artes se convirtió en diseñadora de ropa,.
-Foto--María José García Fernández le debe mucho a su abuela
Dolores, un ama de casa de Puebla de la Calzada muy moderna y creativa.
La yaya Lole empezó a confeccionarle a su nieta Marache ropa muy
original que nadie más llevaba en el pueblo.
-Pero a las abuelas no les gusta que sus nietas llamen la atención.
-Mi abuela también llamaba la atención. Se confeccionaba
su propia ropa. Viajaba a Barcelona a ver a sus hijos, iba a un
mercadillo o a una fábrica textil y se venía cargada de lanas, telas,
botones y cremalleras nueva, diferentes.
-No creo que nadie te tenga que decir cómo tienes que
vestir en cada momento. Uno debe vestir de acuerdo con su personalidad y
debe ser único. Cada persona tiene su carácter y su forma de ser y debe
expresarlo mediante la ropa. No todos tenemos que ir de marrón o negro
porque te lo impongan. Si yo soy una persona viva, por qué tengo que ir
de negro porque me lo impongan desde arriba. Me pongo rojo o me pongo
verde.TÍTULO: TENGO VIH Y MIS HIJOS NO ME QUIEREN,.
Inocencia Espárrago Tejero es una de las pocas personas portadoras del VIH que está dispuesta a dar la cara con nombre y apellidos,.
nocencia Espárrago Tejero es una de las pocas personas portadoras del VIH que está dispuesta a dar la cara con nombre y apellidos. «Nunca me he escondido pero sí es cierto que al principio me avergonzaba».
Ese principio al que se refiere comenzó hace dos años y
medio, cuando las pruebas de detección del virus dieron resultado
positivo. Entonces ni se planteó que la vía de transmisión pudiera haber
sido las relaciones sexuales que tuvo con una pareja durante dos años,
después de separarse de su marido.
«No era una relación esporádica sino de pareja, fija, que
se mantuvo todo ese tiempo. Había confianza y ni siquiera nos
planteamos tomar medidas de prevención».
Ese es el problema, la idea de una confianza malentendida
que está llevando a los expertos a alertar sobre la necesidad de ser
estrictos a la hora de prevenir. Si esta mujer de 43 años lo hubiera
hecho, ahora no estaría infectada, ni habría perdido el amor de sus tres
hijos de 24, 20 y 16 años, que desde entonces no quieren saber nada de
ella.
«Lo he pasado mucho peor moral que físicamente. Lo
primero por el rechazo de mis hijos, que no tienen otro argumento más
allá de que he sido yo la que me he buscado este problema. Por parte de
mi familia también lo he sentido en mayor o menor grado, aunque ahora
todo va mejor. Y he tenido que soportar el entrar en algún bar de
Membrío, donde vivía antes de venirme a Cáceres, y que la gente se
saliera, que me escupieran por la calle o dijeran 'ahí va la sidosa'».
Ejemplos recientes que ponen de manifiesto que se trata
de una enfermedad que continúa estigmatizando y que tiene tanto de mal
físico como social.
«Socialmente lo he pasado peor que físicamente. Los
tratamientos con retrovirales me permiten hacer una vida prácticamente
normal, con días en los que me siento estupenda y me doy ánimos a mí
misma y otros de bajón, como le puede pasar a cualquier persona».
En Extremadura no hay registro oficial de personas con
sida, sí de quienes se han sometido a las pruebas de detección del VIH y
han dado resultado positivo, que no tiene porqué derivar finalmente en
la enfermedad. Los últimos datos, hechos públicos por el Servicio
Extremeño de Salud con motivo del Día Internacional de la Lucha contra
el Sida que se celebra cada 1 de diciembre indican que en la región se
detectan anualmente entre 55 y 60 nuevos casos de infección, de los
cuales el 58,60 % se producen por contagio sexual.
Es lo que le ocurrió a Inocencia, que ahora vive en un
piso tutelado que el Comité Antisida de Extremadura tiene en la capital
cacereña. Lo comparte con dos chicos, uno de ellos portador y otro en
rehabilitación toxicológica que no lo es. Tampoco tiene el virus su
actual novio, un hombre que la acepta tal y como es y que no tiene miedo
de achucharla y de quererla.
«Todavía no hemos tenido relaciones sexuales pero cuando
llegue el momento estoy segura de que no tendrá ningún problema. Es una
persona que me está dando la vida, toda la que no he tenido durante un
tiempo atrás. Estoy absolutamente feliz». Lo está porque se ha dado
cuenta de que aunque se padezca el VIH «siempre hay alguien dispuesto a
quererte, gente como él o como toda la que forma mi gran familia que
son los miembros del Comité Antisida...».
Un descubrimiento que le ha dado fuerzas para no ocultar
su rostro, para dejar de apartarse de la gente. «Lo que me importa es
que quien me quiera me quiera como soy, así, con VIH. Lo que no deseo es
que nadie me aprecie porque le doy lástima, a eso sí que no estoy
dispuesta».
Inocencia Espárrago colabora activamente con el Comité
Antisida informando sobre la prevención que hay que recuperar. Es en lo
que se ha puesto la vista en la presente edición de la campaña contra el
sida para rebajar el repunte de nuevas infecciones que se está
observando en Extremadura. Ocurre desde que el sida ha dejado de ser
noticia y el avance en los tratamientos retrovirales ha permitido que
los afectados mantengan una buena calidad de vida en una enfermedad que
se está convirtiendo en crónica pero que no tiene curación.
TÍTULO: LA REGIÓN HA GANADO LA MITAD DE SUS 6 ÚLTIMAS DISPUTAS EN EL CONSTITUCIONAL,.
Los cerdos, los trenes, la
educación, la titularidad de un río o la calidad del suministro
eléctrico son algunos de los temas que forman parte.
Los cerdos, los trenes, la educación, la titularidad de
un río o la calidad del suministro eléctrico son algunos de los temas
que forman parte de una partida de ajedrez con el Tribunal
Constitucional como árbitro. A día de hoy, Extremadura empata tres a
tres con el Estado en los últimos fallos.
Como se ha vuelto a comprobar esta semana, Extremadura y
el Gobierno central no siempre opinan igual. Y cuando la política no
basta se deja la última palabra a un juez. Llegados a este punto, la voz
más nítida la tiene el Tribunal Constitucional (TC), que nunca actúa de
oficio, sino porque se acude a él, y que aún mantiene en sus cajones al
menos siete conflictos sin resolver entre el Estado y la comunidad. No
se incluyen casos presentados por particulares o tribunales.
Como se sabe, el último caso que ha ventilado este
órgano judicial ha sido la desestimación del recurso que planteó el
Gobierno de Aznar contra el impuesto sobre depósitos de las entidades
de crédito, un peaje a los bancos que ideó la Junta de Ibarra en 2001 y
que la semana pasada fue declarado constitucional. Esto ha sumado el
último jaque de la región al Estado, valorado en 240 millones y que ha
obligado al Parlamento nacional a legislar con urgencia un impuesto
nacional que entierre cualquier excepción como la extremeña.
En general, el funcionamiento del Constitucional es
lento, por eso aún hay cuestiones sin dictamen, algunas de ellas con
más de diez años de antigüedad. Y mientras se han resuelto unos
conflictos se han ido creando otros, los dos últimos este año.
El más reciente se remonta a la semana pasada, cuando el
Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso presentado por la
Asamblea de Extremadura contra la ampliación de los horarios
comerciales y las modificaciones introducidas en el peaje de acceso del
suministro eléctrico.
Estos dos asuntos van recogidos en el Decreto-Ley de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad que aprobó el Gobierno central en julio. En este caso,
se consiguió elevar el recurso sumando los votos del Grupo Socialista e
IU en el Parlamento autonómico.
Las renovables también se han sumado a la lista de
agravios, según el punto de vista extremeño. El pasado mes de octubre la
Junta ya había presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la
decisión del Ministerio de Industria de suspender las primas que
impulsaban los proyectos renovables, una medida anunciada en enero de
este año y que bloqueó varias iniciativas de este tipo anunciadas en
Extremadura.
En este caso, ha sido un Ejecutivo autonómico del mismo
signo el que ha manifestado su descontento al Gobierno central, igual
que ocurriera a principios de 2010 cuando gobernaban los socialistas
Vara y Zapatero. Entonces, la Junta decidió llevar al Constitucional
otra disposición de Madrid que frenaba las primas a las plantas
fotovoltaicas.
El expediente más antiguo que cogía polvo en los archivos
del Constitucional fue sentenciado en noviembre de 2011. Tenía que ver
con un decreto ley que regulaba las normas básicas de ordenación de las
explotaciones porcinas y que a finales de los años noventa estimó la
Junta que invadía su competencia en un sector tan extremeño. En realidad
esta norma fue corregida a los pocos meses, por lo que el
Constitucional desestimó parte del recurso y declaró que el resto del
conflicto había perdido su objeto.
Es normal que los juristas del Constitucional insistan en
acabar todos los expedientes que llegan a su mesa con el objetivo de
sentar jurisprudencia, así impiden que otras administraciones legislen
de nuevo. Otro ejemplo sobre normas que se quedan sin contenido pero
sobre las que se espera sentencia sería el recurso que la Asamblea
planteó contra la Ley de Universidades de 2001, aunque en 2007 Zapatero
modificó esta ley.
También sigue abierta la causa relativa a la Ley Orgánica
de Calidad en la Enseñanza (LOCE). La Junta recurrió al Constitucional
aquella ley tan polémica del Gobierno de Aznar, y el trámite sigue su
curso pese a que Zapatero la sustituyó aquella LOCE por la LOE (Ley
Orgánica de Educación), y ahora el PP está preparando una nueva reforma,
la LOMCE.
Algo parecido ocurrió con la Ley de Competencia del
Sector Ferroviario, que liberalizaba este mercado. A la Junta le
disgustaba que, en un territorio con municipios tan dispersos como el
extremeño, la nueva Ley nacional permitiera el cierre de líneas
deficitarias. Sobrevinieron dudas sobre si esto era constitucional y por
eso llevo este texto a los tribunales, sumando así otro asunto que
sigue pendiente de resolución, aunque aquella ley fuera paralizada
cuando llegó el PSOE al poder.
Extremadura, como otras muchas regiones, recurrió también
la Ley Nacional de Estabilidad Presupuestaria de 2001 que estuvo en
vigor hasta el 1 de enero de 2008. Sin embargo, desestimó el recurso en
enero de este año. En este asunto es de actualidad porque las
condiciones en este ámbito son ahora mismo mucho más exigentes que hace
once años, cuando se planteó un recurso.
También hay fallo en los dos recursos presentados sobre
la titularidad de los ríos Guadalquivir y Duero, el cual se atribuían
las comunidades de Andalucía y Castilla-León respectivamente y así lo
reflejaron en sendos estatutos de autonomía aprobados por Madrid. En
ambos casos Extremadura obtuvo la razón en sendas sentencias publicadas
el 11 de abril del año pasado. No obstante, los posteriores planes
hidrológicos impulsados desde el Gobierno central despojaron de sentido
el recurso ante el TC.
Y contra Extremadura
Pero los envites no solo van en dirección a Madrid. El
Gobierno central también acude a los tribunales cuando opina que una ley
aprobada en una autonomía tiene visos de no ser constitucional, que fue
lo que en realidad ocurrió con el impuesto sobre depósitos de las
entidades de crédito, recientemente avalado por el TC. Ahora mismo
Extremadura tiene abiertos dos casos más en este sentido.
El gobierno de Aznar recurrió la Ley de Calidad del
Suministro Eléctrico de Extremadura, una idea del expresidente Ibarra
para que las compañías pagaran una multa cuando los cortes de luz eran
continuados y afectaran de modo grave a las poblaciones de la región. La
base de datos del Constitucional muestra que aún no hay sentencia.
Asimismo, la Ley de Colegios Profesionales de Extremadura
también puso en alerta a los expertos en leyes del gobierno en 2002. La
parte más polémica de la Ley es la que señala que los profesionales que
trabajan en las Administraciones Públicas de Extremadura no tienen que
pagar ninguna cuota a sus colegios. De esta forma peligraba la
existencia en Extremadura de Colegios con colegiación obligatoria; es el
caso de los Colegios de Enfermería, de Medicina y de Veterinaria.
Surgieron entonces las protestas de los Colegios
Profesionales, que denunciaron un afán de control de la Junta e incluso
un juzgado cacereño señaló que la junta se extralimitaba, pero dispuso
que analizara la cuestión el Tribunal Constitucional, que aún sigue en
ello haciendo bueno el dicho de que si la justicia es lenta es
precisamente para garantizar que sea justa.
El último de los recursos fallados por el TC de los que
el Gobierno de España ha entablado contra la región es el que presentó
contra la Ley del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura
(Lsotex), pues el Ejecutivo central dudaba de los artículos referidos a
la propiedad del suelo urbano, la valoración de éste y la expropiación
forzosa.
Según una sentencia publicada en el BOE el pasado 30 de
julio, la impugnación sobre tres artículos de la norma ha perdido
validez y declara inconstitucional tres expresiones de otros tres
artículos. Finalmente, declara conforme a la Carta Magna los restantes
cinco artículos que habían sido impugnados por el Gobierno central.
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