
El jurista-foto- Santiago Muñoz Machado ocupará en la Real Academia Española (RAE) la plaza dejada vacante tras la muerte del humorista,.
El jurista Santiago Muñoz Machado ocupará en la Real
Academia Española (RAE) la plaza dejada vacante tras la muerte del
humorista y dibujante Mingote. Muñoz Machado se sentará en el sillón
'r', al que optaba también su colega Antonio Garrigues Walker,
presidente de un prestigioso bufete de abogados. Los académicos han
valorado el saber jurídico del catedrático, especializado en la
configuración del Estado de las Autonomías.
La candidatura Muñoz Machado contaba con los avales de
Eduardo García de Enterría, José Manuel Sánchez Ron y Luis Mateo Díez.
Su compañero Garrigues Walker estaba respaldado por los académicos Pedro
García Barreno, José Antonio Pascual y Luis María Anson.
Santiago Muñoz Machado nació en Pozoblanco (Córdoba), en
1949. En 1985 fue nombrado vocal del Comité Superior de Disciplina
Deportiva, organismo que depende del Consejo Superior de Deportes (CSD),
del que también fue presidente. Catedrático de Derecho Administrativo
de la Universidad Complutense, Muñoz Machado también dirige su propio
bufete de abogados en Madrid. Su obra intelectual ha tratado de ofrecer
soluciones a los problemas que han ido surgiendo en España a raíz de la
instauración del Estado de las autonomías. Formó parte del grupo de
experto que hizo las propuestas para la reforma del Estatuto de
Autonomía de Extremadura.
El transporte gratuito en ambulancia cuando no exista una urgencia tiene fecha de caducidad. El Gobierno ultima el texto de la orden que ..
El transporte gratuito en ambulancia cuando no exista una
urgencia tiene fecha de caducidad. El Gobierno ultima el texto de la
orden que presentará el próximo jueves en el Consejo Interterritorial de
Salud, en la que establece un pago mínimo de cinco euros por viaje,
desembolso del que solo se libran, en principio, los afectados por el
síndrome tóxico ('caso de la colza'), los discapacitados con
prestaciones sociales especiales, los enfermos con ingresos muy
limitados y los traslados entre hospitales. La medida se debe a que
Ministerio de Sanidad incluyó el pasado mes de abril este transporte en
la cartera de servicios suplementarios, por lo que queda afectado por el
llamado 'copago'. En principio, se cobrará en todos los traslados por
altas hospitalarias, en el caso de enfermos crónicos que requieran
asistir a tratamientos periódicos, oncología, hemodiálisis o
rehabilitación.
El traslado en ambulancia no urgente requerirá, como
ocurre ahora en la mayoría de las comunidades autónomas, de la
autorización por el médico, de lo contrario el servicio puede cobrarse
al enfermo y éste, para distancias de unos cinco kilómetros, es mucho
más costoso que un desplazamiento en taxi. El precio fijado por viaje es
de 50 euros, de los que el paciente pagará el 10%, lo que supone 5
euros por cada trayecto.
Además, la normativa establece un tope a pagar en función
de la renta. Así, las personas que perciban más de 100.000 euros
anuales tendrán que desembolsar un máximo mensual de 60 euros; los que
ganen de 18.000 a 100.000 abonarán 20 y los de menos de 18.000, así como
los funcionarios, 10 euros. Si el número de traslados mensuales superan
esas cantidades, el enfermo no tendrá que pagarlas. En el caso que el
paciente tenga que recibir un tratamiento de más de tres meses, en el
que requiera visitar el hospital al menos cuatro veces por semana, se
aplicará los baremos de renta pero, en lugar de ser un pago mensual,
este será semestral.
Tendrán que pagar los traslados no urgentes todas las
víctimas de accidentes de tráfico y laborales, como ya se practica en
algunas comunidades. En este caso, el coste real del viaje corre a cargo
de las compañías aseguradoras o las mutuas del trabajo.
Última palabra
La ministra de Sanidad, Ana Mato, quiso minimizar la
medida, recordó que era un «borrador» y explicó que fueron los técnicos
de las comunidades autónomas «los que han hecho la propuesta».
Preguntada por este sistema copago, Mato indicó que será el Consejo
Interterritorial el que tenga la última palabra. «Lo importante es que
el transporte sanitario urgente no tendrá ninguna aportación, las
personas que tienen las rentas más bajas tampoco tendrán que aportar
nada y el resto lo hará en función de la renta», añadió.
Desde el PSOE se reclamó la retirada inmediata del
borrador. La exministra y secretaria de Política Social del PSOE,
Trinidad Jiménez, calificó la medida de «agresión a los enfermos y a la
sanidad pública». Según dijo, el transporte en ambulancia no urgente «es
vital, sobre todo para los enfermos crónicos», de manera que consideró
«profundamente injusta» la medida, que representa «un nuevo desembolso y
una barrera real para los más vulnerables».
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