El ministro del Interior pide «inteligencia y discreción» para lograr la disolución de los terroristas.
Apenas 24 horas después de la reunión entre Mariano Rajoy y el líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, el Gobierno viró sus posiciones respecto a la estrategia a seguir para lograr el final de ETA. El ministro del Interior fue el encargado de escenificar en el Congreso el primer gesto gubernamental. ETA, dijo Jorge Fernández Díaz, «no es hoy en día un problema fundamentalmente policial, tiene una dimensión política que no podemos obviar».
Hasta ahora, Rajoy y el PP habían defendido sin concesión alguna que el camino para acabar con ETA pasaba por la actuación de las fuerzas de seguridad, la intervención de los jueces y la aplicación estricta del Estado de Derecho. Una trilogía repetida con machaconería por los populares durante estos últimos años, y mantenida en la campaña electoral pese al anuncio de ETA del 20 de octubre sobre el final de la violencia. El mensaje se mantuvo invariable en las primeras semanas del Gobierno de Rajoy pese a las peticiones de mayor cintura política del lehendakari Patxi López y del líder del PNV, Iñigo Urkullu. La política era una variable que no entraba en el lenguaje del Gobierno. Hasta que ayer la introdujo el ministro del Interior.
Fuentes gubernamentales y del PP aclararon que en absoluto se refería al pago de precios políticos a los terroristas. Fernández Díaz hablaba de un tratamiento político del problema, con acuerdos entre las fuerzas políticas, PP, PSOE y PNV en este caso, que darían pie a una cobertura del Congreso en forma de declaración o moción que inste al Ejecutivo a actuar y tomar medidas.
Un panorama en el que las decisiones del Tribunal Constitucional sobre los recursos contra la 'doctrina Parot' para los presos terroristas, cuya resolución es inminente, y la ilegalización de Sortu, prevista, según fuentes jurídicas, para antes del verano, serán determinantes para conocer el rumbo de los siguientes pasos. En definitiva, como apuntó Fernández Díaz, se trata de actuar con ETA con «prudencia, inteligencia y discreción». Tres términos que siempre están presentes en el discurso de Basagoiti.
El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien se reunió ayer a mediodía con Rajoy en la Moncloa, secundó desde la cruz a la raya las nuevas posiciones gubernamentales respecto a ETA. «Quedan pasos que dar y como oposición los daremos con el Gobierno», afirmó el secretario general del PSOE. No fue más explícito y recordó que si cuando era ministro del Interior era parco en informaciones sobre el terrorismo más lo va a ser en la oposición. Compartió, no obstante, la idea de caminar juntos cuantos más partidos mejor para lograr la desaparición de la organización terrorista.
El ministro del Interior hizo sus reflexiones en el marco de una interpelación de la portavoz de Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez, que instó al Gobierno a impulsar la ilegalización de Amaiur. Algo que, a priori, no debería haber suscitado enfrentamientos puesto que el PP y UPyD suscribieron en junio pasado, durante el Debate del estado de la Nación, una resolución conjunta que instaba al Gobierno socialista a vigilar la actitud de Bildu, por aquellas fechas no existía Amaiur, para su ilegalización. Además, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, señaló varias veces durante la campaña electoral que si su partido gobernaba pondría en marcha los mecanismos para ilegalizar la coalición de la izquierda abertzale.
Es imposible
Un compromiso que Fernández Díaz hizo ayer trizas. «Jurídicamente no es posible», sentenció el ministro y recordó el antecedente del Constitucional con Bildu, cuando autorizó su participación en las elecciones municipales. El mismo argumento que utilizaba el PSOE mientras gobernaba y el PP rechazaba. Fernández Díaz, en todo caso, pidió esperar a que la corte resuelva el recurso sobre la ilegalización de Sortu.
La respuesta de Fernández Díaz motivó el enfado de Díez. «Esperar es una decisión política, una cobardía; no espere, actúe», tronó la portavoz de UPyD, quien además reprochó al Gobierno que no utilice todos los instrumentos para combatir a «los enemigos del Estado de Derecho». El ministro, en el pasado ferviente defensor de la ilegalización, no se quedó atrás y replicó a Díez que confundía «el oportunismo político con el Estado de Derecho», y lo que hacía con su petición de ilegalización era lo primero.
Los diputados de Amaiur siguieron el debate en silencio. Tendrán oportunidad de hablar sobre su ilegalización en el pleno del Congreso de la próxima semana, cuando la interpelación se convierta en moción y se someta a votación. Después del rifirrafe, el diputado de Amaiur Xabier Mikel Errekondo se felicitó de que el Gobierno de Rajoy asuma la dimensión política del «conflicto vasco», un giro que atribuyó a que el PP está «solo y débil» en el País Vasco, y quiere tomar la iniciativa en el proceso del final de ETA. Un proceso, reclamó, en el que debe participar «la izquierda soberanista.
El líder de la oposición promete ir de la mano con Rajoy en el proceso para acabar con la banda
Jorge Fernández Díaz dice que «jurídicamente no es posible» ilegalizar ahora a Amaiur.
Foto- Ministro del Interior saluda a Rosa Díez tras la sesión de control en el Congreso de ayer.
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Desde La Tienda Chica del Señor José María del Pueblo de Castuera estamos de acuerdo con el texto que pone arriba y también pedimos el fin de Eta. Gracias, Pero siguiremos luchando, etc.
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