Las empresas de la región invierten cada vez menos en innovación. Esta es una de las conclusiones principales del estudio titulado 'Crisis ...
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Las empresas de la región invierten cada vez menos en
innovación. Esta es una de las conclusiones principales del estudio
titulado 'Crisis económica e innovación empresarial: el caso de la
empresa extremeña', que ha recibido uno de los dos premios de
investigación que cada año concede la Fundación Caja de Extremadura.
Elaborado por Francisco Javier Miranda González, Antonio
Chamorro Mera y Sergio Rubio Lacoba, el informe asegura que «la
intensidad del gasto en I+D+I se ha estancado en 2010 en torno al 0,83
por ciento del PIB regional, frente al objetivo del 1,1 por ciento para
ese año y del 1,4 por ciento para 2013». Para argumentar sus
conclusiones, los autores se han basado en estadísticas oficiales y en
los cuestionarios remitidos durante tres años a todas las empresas de la
región con más de cinco empleados.
En el año 2010, la comunidad autónoma contaba con 400
empresas innovadoras, cuando el objetivo que se había fijado era
alcanzar en ese ejercicio las 750. Lejos de acercarse a esa meta,
Extremadura cerró el año 2011 con un 13 por ciento menos de negocios
innovadores respecto a los que tenía en 2009. La nota positiva es que la
encuesta de 2011 sobre realización de actividades innovadoras en la
empresa aporta datos más positivos que los de los dos años anteriores.
Las líneas generales del estudio fueron explicadas ayer
por uno de sus autores en un acto organizado por la Fundación Caja de
Extremadura en su sede de Cáceres. El otro trabajo premiado en la
tercera edición de estos premios de investigación se titula 'La ley de
dependencia y su aplicación en Extremadura: intenciones y realidades', y
es obra de Julia María Díaz Calvarro.
TÍTULO: SANIDAD SALDA CON EMPLEO UNA DEUDA DE 1.034 MILLONES POR LOS CUIDADORES,.
Cuando Ana Mato y su equipo llegaron al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se marcaron como uno de los objetivos,.
Cuando Ana Mato y su equipo llegaron al Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se marcaron como uno de los
objetivos prioritarios de esta nueva aventura modificar la ley de
dependencia. Aseveraban que durante este quinquenio de vigencia había
sido un desbarajuste, que se había gastado más dinero que el que se
tenía, que se había acogido demasiada gente... Pero lo que no contaban
es que el anterior Ejecutivo hubiera contraído una deuda de 820 millones
hasta que abandonaron el poder, en 2011, y que ahora asciende a 1.034
millones.
Esta deuda sorprendió mucho a los nuevos rectores; sobre
todo por la existencia de un convenio firmado por Francisco Javier
Aibar, ex director general de la Tesorería General de la Seguridad
Social y por Purificación Causapié, ex directora general del Imserso. En
este documento, fechado el 15 de noviembre de 2011, los dos organismos
establecen qué mecanismos se van a usar para pagar las cuotas de los
cuidadores personales de un dependiente, es decir aquel «asistente
personal» -unos 430.000- que atiende las necesidades de aquellas
personas más necesitadas.
El convenio establece que la cotización a la Seguridad
Social, «así como la correspondiente a las acciones formativas, será
asumida por convenio con la Tesorería General de la Seguridad Social por
la Administración General del Estado». Es decir, el Ejecutivo se
comprometía a pagar estas cuotas.
Es más, en el apartado seis de dicho acuerdo se
especifica que será el Imserso el organismo que asuma estos pagos y que
«el citado Instituto ha previsto en sus presupuestos los créditos
destinados a tal fin».
Efectivamente, el Imserso, en la época socialista, tenía
una partida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ascendía a
más de 30 millones, concretamente, 31.344.878 euros. Un dinero que no
servía para casi nada, ya que el coste anual ascendía a más de 300
millones. «Esto motivó que no pudieran abonarse totalmente las cuotas a
la Seguridad Social, con lo que en el período 2007-20011 se generó una
deuda con la Seguridad Social de 820 millones de euros, a la que se
tendrá que hacer frente con cargo a los PGE de 2013 y que en el momento
actual asciende a 1.034 millones», indica un documento interno del
Ministerio de Sanidad que analiza este embrollo, que caracteriza la
«falta absoluta de transparencia en los aspectos presupuestarios de este
gasto».
Pero además de falta de claridad, el acuerdo de
colaboración también escondía otra sorpresa: se dejaba el pago de la
deuda hasta noviembre de 2012. Un abono que la actual Administración no
ha podido atender y que ha ido a las cuentas del Estado que se aprobarán
a final de mes, de forma definitiva, en el Congreso de los Diputados.
Ayuda
Esta falta de pago por parte del Ejecutivo tuvo una clara
consecuencia en los datos de afiliación de la Seguridad Social que se
conocieron el pasado martes. De las 205.678 personas que dejaron de
cotizar, 85.233 eran cuidadores familiares de los dependientes. El
secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel
Moreno, explicó que en la ley de dependencia, antes de la reforma del
pasado verano, existía «simplemente un acuerdo» por el que se daba de
alta a estas personas; pero esta situación se ha terminado ya que los
cuidadores familiares «están excluidos del Estatuto del Trabajador».
«Lo que no tenía sentido era algo que no se podía
mantener, que no venía obligado en la ley, esa relación contractual no
la podíamos mantener», subrayó Moreno, quien insistió en que «no hay
salario sino una prestación económica para el cuidador».
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