La pulcritud y soleminidad de las ceremonias de traspaso de poderes en México chocaron ayer con los fuertes disturbios que se registraron en .
La pulcritud y soleminidad de las ceremonias de traspaso
de poderes en México chocaron ayer con los fuertes disturbios que se
registraron en las calles de su capital. El nuevo presidente, Enrique
Peña Nieto, y sus ministros asumieron un mandato repleto de retos para
los que dijo necesitar el consenso. Algo que se prevé difícil, más aún
después de ver las masivas protestas de los jóvenes indignados del
movimiento 'YoSoy132' en las inmediaciones del Parlamento azteca.
El juramento de Peña Nieto fue un involuntario reflejo de
lo que se vivía en los aledaños del palacio legislativo del Distrito
Federal. «Protesto (sic) guardar y hacer guardar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos», se confundió. Y es que la
ceremonia reflejó claramente la fractura abierta entre el ahora
gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el saliente
Partido Acción Nacional (PAN). Mientras los primeros vitoreaban a su
nuevo líder, los opositores silbaban.
3.000 manifestantes protestaban fuera del Parlamento por
el cambio en el poder y algunos de ellos intentaron vencer las enormes
medidas de seguridad desplegadas. Finalmente fueron dispersados con
balas de goma y cañones de agua.
En su primer discurso ante la nación -que duró alrededor
de 50 minutos-, Enrique Peña Nieto anunció una serie de reformas
necesarias para luchar contra la pobreza, impulsar las inversiones y
controlar el gasto público. Entre esas trece medidas destaca la creación
de un programa nacional para combatir la ola de inseguridad. A
diferencia de Felipe Calderón, su predecesor, sostuvo que «el delito no
se combate con la fuerza». «México exige vivir en paz», subrayó y para
ello prometió posicionarse siempre al lado de las víctimas y sus
familiares.
En el Palacio Nacional de la céntrica plaza de Zócalo y
ante unos 1.500 invitados -entre los que se encontraba el príncipe
Felipe y el vicepresidente de EE UU, Joe Biden- se comprometió a
combatir la pobreza «con el objetivo crear una sociedad de clase media».
Para ello apostó por lograr un crecimiento económico sólido y
sostenible promoviendo «una economía formal» y aumentar la inversión en
infraestructuras. Su idea es conseguir un déficit cero en el presupuesto
del próximo año y ha diseñado un austero programa para reducir de forma
vigorosa el gasto gubernamental.
En este trayecto estará acompañado por hombres y mujeres
de su máxima confianza. Su Ejecutivo combina viejos conocidos de la
política azteca -Pedro Joaquín Coldwell, nuevo responsable de Economía, y
Emilio Chuayffet, que tomará las riendas de la Educación Nacional-,
antiguos colaboradores de Peña Nieto en el Gobierno estatal de México e
importantes colaboradores de su campaña electoral.
Batalla a la pobreza
Nada más asumir el cargo, el nuevo presidente tomó las
primeras trece decisiones. Destacó la unificación de los 33 códigos
penales estatales (territoriales) existentes, que permitía que los
delincuentes fuesen castigado de distinta manera según en dónde habían
cometido el crimen.
Reiteró que en el próximo sexenio batallará contra la
pobreza y, entre otras medidas, tiene pensado crear un sistema de
seguridad social universal para que los mayores de 65 años reciban una
pensión.
Su propuesta más aplaudida fue el anuncio de una profunda
reforma educativa que contemple el acceso al magisterio por méritos en
lugar de las «plazas vitalicias y hereditarias», como se venía
realizando hasta ahora.
En 2018, cuando concluya su mandato, se sabrá si la historia tiene final de cuento de hadas.
TÍTULO: REBANA EL CUELLO A OTRO HOMBRE CON UNA BOTELLA ROTA ANTE UNA DISCOTECA.
Un hombre de nacionalidad dominicana fue detenido ayer
en Figueras (Gerona) como presunto autor de la muerte de un joven
hondureño al que seccionó el cuello con una botella rota durante una
pelea que tuvo lugar de madrugada y a la puerta de una discoteca que
lleva por nombre Noche Latina.
Foto del Perro Policia que detuvo al hombre que tenia la botella rota, etc.
Los hechos transcurrieron hacia las tres de la madrugada
del sábado, cuando la víctima y el agresor, de 36 años, se enzarzaron en
una pelea. El portero de la discoteca intentó separarles, al principio
con éxito, pero después el presunto autor de la agresión mortal entró en
el local, en la que apenas había unas quince personas, cogió una
botella de cerveza, la rompió y salió de nuevo a la calle, donde asestó
un golpe en el cuello a la víctima, informe Efe.
El fallecido cayó al suelo de inmediato, en medio de un
charco de sangre, y murió poco después. El agresor abandonó el lugar del
suceso en su coche, acompañado por su novia, que también se encontraba
en el lugar, según relataron fuentes próximas a la investigación.
Los agentes del Área de Investigación Criminal de Gerona,
perteneciente a la Policía autonómica, se hicieron cargo de las
pesquisas de este crimen e identificaron al supuesto agresor, tras lo
que iniciaron las diligencias precisas para su localización. Sin
embargo, finalmente no hizo falta buscar mucho. El hombre se presentó
por sí mismo en la comisaría, a lo largo de la mañana, para confesar los
hechos y entregarse.
El agresor indicó a los agentes que la pelea comenzó
porque el fallecido había faltado al respeto a su novia y que ese fue el
motivo por el que se abalanzó sobre él, según explican fuentes cercanas
al suceso. El Juzgado de Instrucción número 1 de Figueres se ha hecho
cargo de este caso y ha decretado el secreto de sumario.
Discoteca conocida
No es la primera vez que se produce un asesinato en torno
a la citada discoteca, lugar de diversión para inmigrantes de origen
latinoamericano. Otro hombre de 34 años, y también de nacionalidad
dominicana, falleció el 18 de diciembre del pasado año en el mismo
lugar, durante una pelea entre dos grupos de personas de diferentes
países.
En aquella ocasión, la víctima, un ecuatoriano que había
acudido al centro de ocio con la intención de celebrar la Navidad junto a
algunos compatriotas, falleció después de ser apuñalado tanto en el
tórax como en el abdomen. Hubo solo una víctima mortal, pero los Mossos
llegaron a detener hasta a siete supuestos implicados en la agresión.
TÍTULO: UN INDULTO POLÍTICO,.
De cuatro años y seis meses de prisión a dos
años, y de ahí a 7.200 euros de multa. Todo ello en solo nueve meses.
Así se escribió la historia ...
De cuatro años y seis meses de prisión a dos años, y de
ahí a 7.200 euros de multa. Todo ello en solo nueve meses. Así se
escribió la historia del doble indulto parcial concedido por el Gobierno
a los cuatro mossos d'esquadra condenados por detener ilegalmente y
torturar a un hombre al que confundieron con un atracador en Barcelona
en el 2006.
Un polémico perdón que provocó esta semana una inusual
contestación de la carrera judicial con un manifiesto firmado por 200
togados. Decisión «arbitraria» y «política» fueron algunos de sus
adjetivos. Por su parte, el Ejecutivo defendió su postura con argumentos
un tanto antiguos. Señaló que los jueces no pueden entrometerse en
competencias que no son suyas, sino del Gobierno por una ley del siglo
XIX.
Estos son los hechos conocidos hasta ahora pero, ¿qué hay
detrás de un indulto que tiene importantes connotaciones políticas y
sociales y que, ni por asomo, reúne el perfil común de los más de 400
beneficiados con esta medida de gracia en lo que va de año?
La intrahistoria arranca en noviembre del 2009. La Sala
de lo Penal del Tribunal Supremo rechazó gran parte de los recursos de
los cuatro mossos contra la condena a seis años de prisión que les
impuso la Audiencia de Barcelona en el 2008.
Tras estimar únicamente el agravamiento por ensañamiento
con el ciudadano rumano Lucian Padoraru, el alto tribunal les condenó a
cuatro años y seis meses de cárcel e inhabilitación profesional, es
decir, expulsión del cuerpo. Curiosamente, un mes antes, en septiembre
del 2009, la sala también condenó a dos mossos a seis meses de prisión y
dos años de inhabilitación por otro delito de lesiones, contra la
integridad moral y desproporción policial en una detención. Así las
cosas, llovía sobre mojado.
Entonces, gobernaba en la Generalitat el denominado
tripartito y la consejera de Justicia, Montserrat Tura, del PSC, y, en
menor medida, su compañero de Interior, Joan Saura (ICV), ya mostraron
su disposición a pedir el perdón para los mossos tras la ola de apoyos
que se gestó en la propia institución.
Prisión o exceso
El argumento extraoficial fue que la condena a prisión
«no había sido lo bastante ponderada». Esta tesis la abrazó con fuerza
el Gobierno de CIU tras volver al poder en el 2010 y, en particular, su
consejero de Interior y máximo responsable político de los Mossos
d'Esquadra, Felip Puig. Desde su departamento destacan que se trata de
un caso «realmente excepcional», «potestad del Gobierno español», según
señaló el viernes el propio Puig, y que cuenta con apoyos de diferentes
partidos políticos, de los sindicatos e «incluso de la persona
perjudicada que se detuvo por error», en referencia a Lucian Padoraru.
Esta cita, sin embargo, habría que ponerla en cuarentena,
ya que dos años después del incidente el torturado aseguró desde
Brasov, en la región rumana de Transilvania, donde vive ahora, que para
él los mossos que le atacaron solo eran «delincuentes con placa». «No me
gusta que alguien vaya a la cárcel, porque las familias se rompen. Pero
estos policías... ¡Llegaron al juicio riéndose!», declaró a 'El País'.
Los informes preceptivos del indulto ya esperaban en la
mesa del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando llegó al
departamento hace once meses. Se valoró que los condenados no tuvieran
antecedentes, la actitud de «profesionalidad y trabajo» ante la
persecución del delito de sus expedientes y que hubieran satisfecho la
responsabilidad civil de la condena.
Así, en febrero pasado, Justicia les concedió un primer
indulto parcial al reducir a dos años las penas de prisión, con la
expectativa de que los policías no entrasen en la cárcel. Sin embargo,
la Audiencia de Barcelona se mantuvo firme y ordenó su ingreso en
prisión por razones de prevención general, peligrosidad criminal,
repulsa y alarma social.
Los recursos presentados fueron desestimados. Y, ante
esta situación, el Gobierno siguió en sus trece y en virtud de una norma
de 1870 les concedió un segundo perdón parcial el pasado 23 de
noviembre, que conmutó la pena de prisión por multa y la inhabilitación
por suspensión, con el consiguiente reingreso en el cuerpo. Pero más
allá de las críticas, el aldabonazo para el Gobierno fue el manifiesto
de los 200 jueces alentado desde el Supremo, donde aún perdura el enfado
por el indulto parcial que José Luis Rodríguez Zapatero concedió al
vicepresidente del Santander, Alfredo Sáenz, lo que le permitió seguir
en el banco. Entonces también se habló de «perdón político».
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